Documento Ético

Gobernar obedeciendo

Código de ética política

Este documento recoge un código de prácticas y acciones concretas que las personas que ocupen cargos electos y de libre designación deberán cumplir para asegurar una gestión política comprometida y cercana a la ciudadanía, con mecanismos eficaces de transparencia en la financiación y rendición de cuentas, democráticos y populares, y con espacios reales de participación y decisión de la ciudadanía en los asuntos públicos.

También se plantean diversos compromisos y medidas que tienen como objetivo garantizar que todas/os puedan dedicar el tiempo necesario a la gestión política y a las funciones públicas y, al mismo tiempo, acabar con los privilegios de los que, durante muchos años, ha disfrutado buena parte de la clase política, y que han provocado un grave alejamiento de los intereses de la ciudadanía.

Este compromiso de ética política parte de la confianza y el compromiso que esta candidatura mantiene con las personas que ocuparán un cargo de responsabilidad pública, además de significar un mecanismo de apoyo, supervisión y control a su tarea.

Las personas que ocupen cargos públicos bajo el mandato de este código de ética política, se comprometen también a impulsar los instrumentos y mecanismos legales necesarios para que estos principios éticos se conviertan en norma obligatoria para todas/os en la administración municipal.

Este código ético quiere ser flexible, dinámico y conciso. La candidatura trabajará en un reglamento que concrete y haga operativos los principios del código ético.

Los principios recogidos en este código ético comprometen a todas las personas de la candidatura que ocupen cargos electos, de libre designación y gerenciales, tanto del Ayuntamiento de Bilbao como de las otras instituciones metropolitanas —públicas y semipúblicas— donde el Ayuntamiento tiene participación financiera, y en los espacios de toma de decisiones.

Todas estas personas se comprometen a:

Defender la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los ámbitos social, político e institucional de nuestra sociedad.

1. Democratización de la representación política, fiscalización y rendición de cuentas

1.1. Defender lo establecido en el programa político de la candidatura y actuar como representantes, obligadas/os a seguir las decisiones tomadas en los mecanismos democráticos y abiertos a toda la población que fije la candidatura, promoviendo la corresponsabilidad política de todas y todos.

1.2. Hacer públicas las agendas de los representantes, para hacer visible con quién se reúnen y los temas que se tratan. Se harán públicos también las órdenes del día y las actas de las reuniones.

1.3. Facilitar todos los ingresos, bienes y rendimientos patrimoniales de las/os representantes, así como todos aquellos datos necesarios para la detección de posibles conflictos de intereses y la elaboración de auditorías ciudadanas. Este compromiso se extenderá a los 3 años siguientes a su salida de la función pública.

1.4. Hacer públicos los criterios de contratación de los cargos de libre designación. También hacer públicos los criterios para la elaboración de los pliegos de las licitaciones, así como los criterios de las concesiones de subvenciones.

1.5. Rendir cuentas de sus actuaciones ante la ciudadanía, mediante instrumentos presenciales y virtuales, asamblearios, democráticos y abiertos a todas/os, de ámbito sectorial o de zona (ciudad, barrio o distrito). La información se presentará siempre en un formato open data que permita trabajarla.

1.6. Aceptar la censura (y revocación, en su caso) de concejalas/es y cargos de libre designación por mala gestión o por incumplimiento flagrante y no justificado del programa. Para que esto sea posible, se establecerán mecanismos de garantía y evaluación de la gestión de las personas con cargos públicos de la candidatura, y la ciudadanía tendrá el derecho y el deber de participar activamente en el control y seguimiento de la labor de los cargos públicos para garantizar una correcta y honesta aplicación de este principio.

1.7. No acceder durante un periodo, mínimo de 5 años, a cargos de responsabilidad en empresas creadas, reguladas, supervisadas, o que hayan sido beneficiarias de un contrato municipal, dentro del ámbito y/o sector donde ha desarrollado su función representativa. En ningún caso se ocuparán cargos en los consejos de administración de estas.

1.8. Mantener un contacto habitual con colectivos en situación de vulnerabilidad, garantizar el espacio necesario en sus agendas para atenderlos y dar respuestas a sus propuestas, y tener presentes a la hora de tomar decisiones los informes de las personas de la administración que trabajan con estos colectivos. Anular la contratación externa cundo existan funcionarias/os que puedan realizar el trabajo y si no los hay que se cree un puesto de trabajo, bajo el contrato público.

1.9. Garantizar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones relevantes y en el posicionamiento político de la candidatura sobre temas estratégicos y proyectos de impacto social, ambiental o urbanístico en la ciudad, distritos o barrios, teniendo en cuenta los principios de subsidiariedad y solidaridad. Todas las personas que ocupen cargos electos y de designación se comprometen a impulsar y apoyar todas las iniciativas ciudadanas propuestas a través del marco legal vigente o en el marco de la candidatura (a escala de barrio, distrito o ciudad).

1.10. Obligación de asistencia a todos los plenos y actos que conlleva su puesto de concejal/a, exceptuando por problemas enfermedad, familiares u otros debidamente justificados.

2. Financiación, transparencia y gestión de los gastos

La candidatura se compromete a:

2.1. Ser transparente en su gestión, publicando desagregados todos los datos referentes a los ingresos y gastos, que gestionará en vez de entidades de economía social y solidaria.

2.2. Poner un tope máximo a las donaciones privadas.

2.3. La renuncia explícita a los créditos bancarios y a las donaciones de particulares que puedan coartar la independencia política de la candidatura. La candidatura tendrá un compromiso explícito de trabajar con las instituciones de la banca ética para garantizar su independencia y la coherencia con su programa.

2.4. Apostar claramente por una limitación drástica del gasto en campaña electoral.

2.5. Fomentar el micro-mecenazgo finalista, es decir, el pequeño mecenazgo destinado a acciones y necesidades concretas.

2.6. No utilizar fundaciones o entidades jurídicas para financiarse con recursos y mecanismos poco transparentes, y con objetivos diferentes a los de la candidatura.

2.7. La introducción de sanciones administrativas y penales efectivas en caso de financiación irregular.

2.8. La candidatura hará un uso de la financiación coherente con este código ético y sus valores, realizando aportaciones puntuales y finalistas encaminadas a fortalecer el tejido asociativo (sin generar dependencias o clientelismos).

3. Profesionalización de la política, supresión de privilegios y medidas contra la corrupción

Las personas con cargos electos, gerenciales y de libre designación se comprometen a:

3.1. Renunciar a los regalos y privilegios que se les puedan ofrecer por su condición y que puedan significar un trato de favor.

3.2. No duplicar cargos en las instituciones, salvo aquellos vinculados a su condición de concejal/a.

3.3. No duplicar sueldos ni cobrar remuneraciones extras en el supuesto de que excepcionalmente su condición de concejal/a le exija duplicidad de cargos. Los gastos producidos por el/la concejal/a a cuenta de clientes y protocolo se presentaran a los funcionarios públicos, ya que son ellos los que también llevan los de dirección, para así evitar opacidad.

3.4. Establecer un sueldo máximo de 2.200 euros como salario neto mensual, incluyendo dietas, nunca superior al que cobre el director del departamento y si se necesitaría un administrador político este tampoco podría cobrar mas que el funcionario auxiliar administrativo, entendiendo que esta retribución garantiza unas condiciones dignas para ejercer las responsabilidades y funciones que suponen el cargo asumido. El sueldo será variable también en función de las responsabilidades.

3.5. Limitar su mandato a dos legislaturas consecutivas, excepcionalmente prorrogable a un mandato más siempre que se dé un proceso de discusión y validación ciudadana.

3.6. Compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos, ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas. Así como también en casos de acusación judicial por delitos de racismo, xenofobia, violencia de género, homofobia u otros delitos contra los DD. HH. o los derechos de las personas trabajadoras. Firmar un documento de dimisión por motivos personales sin fecha y previo a su elección en el cargo, o garantía similar ajustable a la legislación vigente.

3.7. Hacer un buen traspaso de información y de conocimiento (sin remuneración), siguiendo un protocolo acordado en el marco de la candidatura.

La candidatura se compromete a:

3.8. Facilitar la conciliación entre la vida laboral y la política, estableciendo mecanismos de apoyo a los cargos públicos durante su reincorporación al mundo laboral en caso de no encontrar trabajo. Cotizar por el/la concejal/a para que tenga un paro y así evitar las puertas giratorias.

3.9. Desarrollar mecanismos para la conciliación entre la vida familiar y política.

Disposiciones adicionales

Disposición adicional transitoria 1. El reglamento que regule el código ético debería incorporar mecanismos para velar por su correcta implementación y especificar los canales de modificación de este, entre otros aspectos.

Disposición adicional transitoria 2. Queda pendiente incorporar en el código ético el uso que se hará de la financiación que reciba la candidatura.

Disposición adicional transitoria 3. Queda pendiente identificar qué elementos se llevarán a consulta directa y vinculante.

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